Con 22 votos a favor y 11 en contra, el Congreso del Estado aprobó este lunes una reforma a la Constitución Política de Chihuahua en materia electoral, con el objetivo de armonizar el marco jurídico local con las recientes modificaciones federales y dar cumplimiento a resoluciones emitidas por tribunales electorales.
Entre los principales cambios aprobados destaca la garantía de igualdad de género en los procesos de elección bajo sistemas normativos internos, así como el reconocimiento pleno del derecho de acceso a cargos públicos.
Como parte del proceso legislativo, se realizó una consulta estatal en 16 sedes con la participación de mil 495 personas pertenecientes a pueblos originarios como los Rarámuri, Ódami y Warijó, cuyas aportaciones fueron integradas al dictamen.
La reforma establece que la suspensión de derechos ciudadanos únicamente procederá cuando exista una sentencia condenatoria firme por delito doloso, además de fijar la inelegibilidad para cargos de elección popular y puestos dentro del servicio público para personas con condenas por violencia de género, violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudores alimentarios morosos.
Otro de los puntos aprobados fue la adecuación al modelo federal respecto a la integración de los ayuntamientos. A partir de esta modificación, se establece un máximo de 15 integrantes por cabildo, dividiendo a los municipios en cuatro categorías, conforme a criterios poblacionales y administrativos.
Asimismo, se incorporó la prohibición de reelección inmediata para diputaciones propietarias en calidad de suplentes y para integrantes de ayuntamientos, disposición que entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2030.
En materia administrativa, la reforma también obliga a servidores públicos con funciones de dirección y mando a acreditar, dentro de sus primeros seis meses en el cargo, capacitación en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.
Con esta aprobación, el Poder Legislativo avanzó en la reconfiguración del marco electoral estatal de cara a los próximos procesos comiciales y en la implementación de nuevas reglas para la participación política y la integración de autoridades municipales.